Los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones políticas, sociales y culturales que integramos la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata expresamos nuestro más enérgico repudio a la prisión domiciliaria dictaminada por la justicia para el represor y genocida Miguel Etchecolatz, a través de un fallo de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma.
Etchecolatz es un represor que ya purga otras 8 perpetuas y fue condenado en mayo de este año por novena vez por los secuestros y torturas de 7 compañerxs, entre ellxs el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de 4 de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.
En la actualidad, Etchecolatz se encuentra internado en una clínica producto de su edad avanzada y su estado de salud, con lo cual la prisión domiciliaria es un beneficio excesivo e innecesario ya que está garantizado su acceso a la salud, por lo que este nefasto fallo de la justicia a favor del genocida es un nuevo insulto para familiares de las víctimas y para el pueblo argentino y su historia reciente.
La prisión domiciliaria que lo beneficia fue adoptada en el marco de la causa por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones y se le suma a esto la desagradable sorpresa de que, al también genocida Julio Garachico se lo benefició con la prisión domiciliaria en la reciente sentencia dictada el pasado mes en el juicio por delitos de Lesa Humanidad perpetrados en el Pozo de Arana.
Queda claro entonces, así lo entendemos, que la resolución por medio de la cual concede arresto domiciliario a ETCHECOLATZ, compromete la responsabilidad del Estado Argentino, configurándose aquello que la CSJN ha denominado gravedad institucional y que obliga a extremar los recaudos para conceder tanto la libertad como la prisión domiciliaria de condenados.
También se debe ponderar la absoluta falta de arrepentimiento evidenciada por el hecho de que hasta hoy Etchecolatz no ha aportado información relativa al destino final de los cuerpos de las víctimas y de los hijos e hijas nacidas durante el cautiverio de sus madres.
La concesión de la prisión domiciliaria al imputado constituiría un retroceso en el proceso de reparación a las víctimas que no sólo comprende el juzgamiento y sanción de los responsables, sino el efectivo cumplimiento de las penas impuestas.
El horror que dejó el genocidio de Estado en la Argentina significó una larga lucha por parte de los organismos de Derechos Humanos para ir recuperando la verdad de lo sucedido y que los genocidas aún siguen ocultando, con la complicidad de sectores políticos y judiciales. Durante muchos años estos asesinos gozaron de impunidad, a tal punto que en democracia significó la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el enjuiciamiento de Etchecolatz.
Nunca pedimos venganza, es más, cuando llegó la justicia la celebramos, a pesar de tanta espera fue para muchas víctimas la posibilidad de verlos presos de por vida y poder reparar parte del dolor en un proceso de justicia.
Sin embargo, esta lucha no fue solo por y para quienes vivieron en carne propia el Terrorismo de Estado, esta lucha es parte de una sociedad que aún padece las marcas de la dictadura, que aún sigue buscando sus desaparecides, personas que han crecido con sus apropiadores y que aún no recuperaron su identidad y un modelo económico que se instaló a partir de ese momento para garantizar la concentración económica en una minoría privilegiada. Esta también es la lucha por los derechos humanos, por eso estas decisiones judiciales, no están aisladas de un intento más de borrar, negar y naturalizar las consecuencias de lo que vivimos, en un contexto donde los discursos del odio avanzan de modo alarmante.
La lucha por los derechos humanos es también un modo de vincularnos como pueblo, es un legado que les dejamos a las nuevas generaciones para construir el país que soñaron nuestres compañeres muertxs y desaparecidxs. Es una lucha colectiva que se contrapone a las propuestas individualistas que proponen sectores que pretenden olvidar lo que nos pasó.
Seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas que ejecutaron el terrorismo de Estado en nuestro país y gritamos a viva voz Memoria, Verdad y Justicia para les 30 mil compañeres detenides/ desaparecides.
