Dice la Constitución en su artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes…”, pero, también, establece el derecho a peticionar a las autoridades, entonces, en nombre de ese derecho, es que como familiares de víctimas, representantes de organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos y habitantes en general, nos convoca la imperiosa necesidad de poner término a la violencia institucional que no cesa de producir heridas, tratamientos crueles, inhumanos y degradantes y en última instancia muertes.
La cuarentena permitió visibilizar problemas estructurales en el accionar policial de larga data, esas prácticas de violación de derechos que en los últimos cuatro años no hicieron más que agravarse.
Retenciones y detenciones arbitrarias, irrupción violenta en los domicilios, golpizas, hostigamiento, violaciones, torturas, amenazas, heridas de bala, simulacros de fusilamiento y ejecuciones es la enumeración del accionar de las fuerzas de seguridad y la policía, hoy, ejercidas sobre personas y grupos de personas que suelen pertenecer a una determinada condición socioeconómica, edad, género, identidad sexual, sobre todo en los jóvenes de sectores populares. Un aumento de la violencia ejercida sobre la población que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad en este escenario pandémico y que podemos reconocer dentro de las prácticas legitimadas y auspiciadas por la anterior gestión ministerial, por algunos actores judiciales y los discursos sociales punitivistas.
Las acciones de control para el cumplimiento del “Aislamiento social preventivo y obligatorio” por parte de la ciudadanía necesitan la definición de protocolos de conocimiento público que prioricen el resguardo de la convivencia democrática y de un Estado garante de los Derechos Humanos, de la integridad física, psicológica y la vida de los habitantes.
La desaparición forzada de Facundo Castro desde hace más de dos meses, la muerte de Raúl Dávila en Chascomus, mientras estaba detenido en una comisaria; el homicidio de Lucas Verón, el 1 de julio en La Matanza; no son casos aislados, son hechos gravísimos que muestran la degradación de las fuerzas de seguridad y la imperiosa necesidad de su transformación, como condición de posibilidad de vivir en una sociedad democrática.
Apoyamos el documento del Consejo Federal de las Secretarias de DDHH de La Nación, firmado el 16 de julio, junto con las 24 jurisdicciones nacionales, donde plantean que la solución de esta problemática es posible con decisión política, visibilizando el problema, sancionando administrativamente y judicialmente a los/as responsables; concientizando a los habitantes sobre sus derechos; modernizando y profesionalizando la formación de las fuerzas de seguridad; poniendo en funcionamiento los mecanismos locales para la prevención de la tortura; difundiendo líneas de denuncias de estos hechos desde el propio Estado; teniendo un control político, judicial y ciudadano de sus acciones. Reformular la formación de las fuerzas de seguridad, junto con los programas de estudio. Es fundamental un Poder Judicial que avance en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables, porque lo que no se sanciona se repite.
Es prioritario el control ciudadano sobre el accionar de las fuerzas y policías. El Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs As, para coordinar provincia y municipios, propone la creación de una Mesa de Coordinación local, en la que consideramos deben formar parte los organismos de DDHH, las organizaciones sociales y barriales para abordar las situaciones de violencia, sus causas y posibles soluciones y ser parte de la prevención de seguridad en los barrios.
Por todo lo expresado, instamos a establecer de manera urgente una agenda pública de acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia institucional, y la búsqueda de responsables para la eliminación de la impunidad.
Como no dejamos de advertir que encontramos en el actual gobierno provincial un interlocutor que considera, valora y actúa a partir de principios democráticos y de respeto a los DDHH, reafirmamos nuestro petitorio diciendo: Nunca más un arma del Estado en manos de alguien que no es idóneo. El costo es inmenso.
*Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte – Secretaria DDHH SUTEBA San Isidro – Secretaria DDHH SUTEBA Vicente López- SUTEBA San Fernando – La Celeste de Tigre – Movimiento Mayo Zona Norte – AJB San isidro – CTA San Isidro – CTA Zona Norte – Asociación Miguel Bru – Asociación Ezequiel Demonty – Madres en Lucha – ADULP Asociación de docentes de la Universidad de La Plata – Merenderos Madres en lucha Contra la Violencia Institucional La Boca.
