*Por Jorge Jaunarena
El 19 de Abril de 1991, Walter Bulacio tenía 17 años, iba a ver por primera vez a su banda favorita, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en el estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Walter era fanático de San Lorenzo y de los Redondos, estaba por terminar sus estudios secundarios y tenía pensado seguir la carrera de derecho, trabajaba de medio tiempo como caddie en un campo de golf para ayudar a su familia y juntar plata para su viaje de egresados. Aquella noche había salido de su casa diciéndole a su madre que si el recital se extendía iría directamente a trabajar. Nada de esto sucedió, luego de aquel día solo quedarían años de lucha, mucha tristeza e injusticia para su familia. Partieron en un colectivo que alquilaron varios pibes y pibas para que los lleve desde Aldo Bonzi así iban seguros y les salía mas barato. La abuela de Walter, María Ramona Armas de Bulacio, quien encabezó la lucha de búsqueda de justicia durante 23 años hasta su muerte, contó que antes de salir le dio un bollito con plata que había ahorrado para que se comprara la entrada.
Fue víctima de una razia feroz, despropocionada y sin sentido, como las que acostumbraba a hacer la policía, intervinieron cinco comisarías, decenas de móviles y fueron detenidos un centenar de jóvenes, habían solicitado colectivos de transporte urbanos para llevarlos a la Seccional 35 a cargo del Comisario Espósito, la orden era reprimir a esos jóvenes que encontraban en la cultura del rock, una forma de expresión, de libertad, de reclamo, en el marco de un estado neoliberal que se lo devoraba todo en beneficio de unos pocos y en el que las fuerzas de seguridad ocupaban un rol clave para el disciplinamiento y el control social.
Lo golpearon, lo dejaron seriamente lastimado, un día y medio después, demasiado tarde, lo llevaron al Hospital Pirovano con traumatismo de cráneo, según le dijeron los médicos a la madre de Bulacio y además le acotaron que se constataba en la huellas de su cuerpo que los policías le habían pegado mucho. Un médico dijo que cuando Walter aún estaba con vida le preguntó quién lo había golpeado tanto y él con un hilo de voz le dijo “la yuta”.
La lista de dependencias judiciales por las que pasó la causa, desde que sus familiares presentaron la denuncia, fue extensísima y devastadora. En 1999, el Estado argentino ofreció una indemnización a la familia de Walter para que la demanda no siguiera adelante, pero los Bulacio la rechazaron, dijeron que no buscaban plata y querían el reconocimiento del Estado en la muerte del joven. La causa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguió adelante. En 2002 prescribe la causa contra Espósito, pero un año mas tarde, en el 2003 el Estado argentino reconoció ante la CIDH que Walter “fue víctima de una violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de custodia y a una detención ilegítima”. La CIDH ordenó que se “adopten las acciones ‘enérgicas’ para evitar la prescripción de la causa”, se indemnice a la familia y “sean investigados y sancionados quienes permitieron la impunidad de este caso”.
Recién en el año 2013, tras una nueva causa abierta contra el ex comisario Espósito por “privación ilegal de la libertad calificada”, delito que tiene una pena de dos a seis años, fue acusado a tres años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva, el argumento de la defensa fue que la policía actuó por aplicación del Memorando 40, una reglamentación interna pergeñada por dos jueces correccionales en 1967, que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia ante el arresto de un menor de edad, y que fue derogada luego del Caso Bulacio. Miguel Angel Espósito se jubilo por decisión propia en el año 1995, terminó su carrera siendo docente en la Escuela Ramón L. Falcón, enseñando a las nuevas generaciones de policías. Desde el año 1991 sólo estuvo detenido durante dos horas y media.
Su padre murió sin obtener justicia, su abuela –que siempre encabezó la lucha- no pudo asistir al juicio por su delicado estado de salud. Su mamá quedó con graves problemas psíquicos desde esa fecha, y tampoco pudo presenciar el juicio por esta situación. “Teniendo en cuenta todo lo que pasó a lo largo del proceso judicial, podría tomarse como un logro que le hayan dado tres años a Espósito, pero nos hubiera gustado que fuera preso, que tuviera que sufrir algo de lo que sufrimos nosotros como familia. A Walter nada nos lo puede devolver, pero verlo a Espósito preso hubiera sido alcanzar un poco de justicia”, dijo su hermana Tamara Bulacio, que tiene dos hijos y desde niña, iba a las marchas de la mano de su abuela, para pedir justicia por su hermano, a quien no conoció porque murió dos años antes de que ella naciera.
“Yo sabía, yo sabía, que a Bulacio lo mató la policía”, fue lo que cantábamos en las marchas en búsqueda de justicia por Walter, pero la palabra “Bulacio” fue reemplazada por “los chicos” a medida que se empezaron a sumar Andrés Nuñez, Maxi Albanese, Miguel Bru, y tantos otros. Sin duda alguna este caso marca otro hecho emblemático en dónde la complicidad policial-judicial fue el eje de una trama de injusticia que se repitió con miles de pibes y pibas víctimas del “gatillo fácil” en democracia.
*Secretario de DD.HH. de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y ADULP e integrante de la Asociación Miguel Bru
