El Día Nacional Contra la Violencia Institucional surgió a partir de la denominada “Masacre de Ingeniero Budge”. En esa localidad del partido de Lomas de Zamora, el 8 de mayo de 1987 tres suboficiales de la policía bonaerense asesinaron de 29 disparos a tres jóvenes que estaban en una esquina.
La “Masacre de Ingeniero Budge” marcó un hito en la historia democrática de nuestro país, al relacionar el accionar represivo de las fuerzas de seguridad como el primer caso de “gatillo fácil”. Los policías montaron una escena de encubrimiento para avalar su versión de un enfrentamiento y plantaron “perros” (como le dicen en la jerga policial a las armas), pero el relato de muchos testigxs, vecinxs del barrio, confirmó que se trató de un fusilamiento. La memoria colectiva también lo recuerda como la primera pueblada organizada a raíz de un caso vinculado estrechamente a una metodología utilizada durante la última dictadura cívico militar.
Así y luego de muchos debates, se define a la “violencia Institucional” como prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios públicos, pertenecientes a fuerzas de seguridad, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.
En noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja del Congreso de la Nación firmó el dictamen de la Ley 26.811 , a partir de un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, donde declaró al 8 de mayo como el Día Nacional Contra la Violencia Institucional.
La mayoría de las víctimas son siempre jóvenes de sectores populares y sus familias deben recurrir a organizaciones sociales y de derechos humanos para buscar justicia. En todos los casos en los que están imputadxs miembrxs de las fuerzas de seguridad, el poder judicial ampara o pone obstáculos; y los medios de comunicación suelen avalar en primera instancia la versión policial.
Desde la Asociación Miguel Bru, a casi 27 años de la desaparición de Miguel, que fue un claro ejemplo de cómo la organización colectiva es clave en el proceso de búsqueda de justicia, trabajamos para terminar con esto y acompañar a las familias y víctimas.
El de Miguel fue un crimen de Estado y se convirtió en un caso testigo debido a la resolución judicial, la gran repercusión mediática y el apoyo social. En 1996 se destituyó al por entonces juez Amílcar Vara -que encubría a los policías implicados en este y otros 26 casos- y en 1999 se logró condenar a los responsables por tortura seguida de muerte y desaparición, a pesar de no haber encontrado el cuerpo. Hasta hoy continúa la causa judicial para encontrar su cuerpo, ya se realizaron 38 búsquedas sin resultado. Cada 17 de agosto la Asociación Civil Miguel Bru realiza una vigilia en la puerta de la Comisaría Novena en memoria de Miguel, reclamando su aparición y repudiando los hechos de violencia institucional.
Nuestra lucha frente a la pandemia
El 19 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como una pandemia mundial, y el gobierno nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. En este marco las fuerzas de seguridad nacionales son las responsables de garantizar el cumplimiento de la medida.
El Ministerio Público de Defensa porteño informó que en CABA se registra un caso de Violencia Institucional diario desde que comenzó la cuarentena. Son múltiples las denuncias presentadas por casos de abuso de las fuerzas policiales que van desde amenazas, detenciones arbitrarias, maltratos a personas con permisos para circular, utilización de gas pimienta y hasta una investigación por el fallecimiento de un hombre en situación de calle tras una fuerte golpiza policial.
Además, en redes sociales se viralizaron imagenes videos de abusos ejercidos por las fuerzas de seguridad. Las preocupaciones del Gobierno nacional por estas situaciones han llevado a tomar medidas: se abrieron 13 causas a policías federales, dos efectivos fueron pasados a disponibilidad y 31 agentes fueron separados de sus lugares de operación mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Otro territorio en el que el abuso de las fuerzas se ha manifestado es en las cárceles, una de las instituciones más denunciadas no solo por los estamentos nacionales si no también internacionales, por las lamentables condiciones de detención.
Estos hechos sin duda, marcan que estas metodologías siguen vigentes. Pero hoy asistimos a una voluntad política diferente: ante estas situaciones, el apartamiento e investigación señalados anteriormente sobre los miembros de la fuerza confirman ese camino, sin duda queda mucho por recorrer.
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires difundieron líneas telefónicas de denuncia sobre situaciones de violencia institucional: (011) 40917352 / 0800 1225878 y (221) 5912828/ 5895591.
